La Ley de Violencia de Género es una de las más polémicas y controvertidas de la democracia, por su fuerte carácter ideológico y por las dudas que suscita su carácter pretendidamente justo. Resulta significativo que hayan pendido sobre esa Ley casi un centenar de cuestiones de inconstitucionalidad.
Y esas sospechas crecen cuando se observan sus resultados, con cifras en la mano. Hace unos días, Actuall publicaba en exclusiva que más del 87% de las denuncias por violencia de género no acaba en condena. El informe de la Asociación Erich Fromm se basaba en datos del Observatorio de Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial.
En concreto, de las 1.482.041 denuncias interpuestas entre 2004 y 2015 bajo el amparo de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, solo 177.994 desembocaron en una condena contra un varón, lo que supone un 12% sobre el total de denuncias.
El problema para el varón es que, tanto si la demanda acaba en condena como si no, sufre detención inmediata, la estancia en un calabozo hasta un máximo de 72 horas, la expulsión del domicilio familiar, el alejamiento de los hijos, la imposibilidad de custodia compartida hasta que se resuelva el juicio penal o la imposibilidad de acceso a cualquier subvención pública.
La suerte de la mujer es, sin embargo, muy diferente. Por el mero hecho de interponer denuncia, sin que medie sentencia, tiene derecho a asistencia social integral, asistencia jurídica gratuita, numerosas ventajas laborales tanto si tiene trabajo como si está buscando, eximente de cotización a la Seguridad Social durante seis meses y la percepción de ayuda económica (Renta Activa de Inserción), entre otros.
No es extraño que las asociaciones de custodia compartida pongan objeciones a esta Ley y se pronuncien críticamente sobre el bajo volumen de denuncias que termina en condena.
“No hay castigo alguno si la denuncia es falsa”, dice Fernando Chapado
El presidente de la Asociación Custodia Compartida de Málaga, Fernando Chapado, no se sorprende por la diferencia entre las denuncias y las condenas: “No me extraña en absoluto puesto que los jueces le dan el máximo beneficio a las mujeres y no hay castigo ninguno si la denuncia es falsa”.
Chapado asegura que el 50% de las denuncias por violencia de género son falsas y supone un daño económico y moral tanto para el padre como para sus hijos. “El Estado es sobreprotector con la mujer y la está empoderando, el hombre pierde sus derechos automáticamente, en verdad no hay ninguna igualdad”.
En cuanto a la ley, Chapado afirma que “está hecha en caliente y no se pensó mucho” porque a su modo de ver que “un hombre pierda la presunción de inocencia solo por la palabra de su mujer es como volver a la inquisición o al franquismo“. Actualmente, para Chapado, “ser hombre es un riesgo, si te denuncian por algo que no has hecho te destrozan la vida sin más y a tus hijos también porque se quedan sin su padre”.
“Está claro que toda violencia se tiene denunciar, siempre y cuando sea real -señala Chapado-;lo que no es de recibo es que en nuestra ley si una mujer maltrata a un hombre se considere falta, pero si un hombre la agrede es un delito grave“.
Francisco Fresno: “La ley lleva ya 11 años en vigor, pero no ha supuesto un descenso de la violencia de género”
Desde la Asociación de Custodia Compartida de Alicante, Francisco Fresno afirma que, aunque lleva 11 años en vigor, la “Ley no ha supuesto un descenso de la violencia de género ni de sus víctimas mortales” y venir ahora a ampliar las medidas coercitivas en la fase previa al juicio no es más que ahondar en el error cometido por las leyes de arresto obligatorio.
Fresno añade que “el número de absoluciones es muy elevado y si lo sumamos a la cifra de sobreseimientos y archivos es escandalosamente indicador de que la tasa de error de nuestro sistema judicial es inasumible”.
Cree que lo que la ley debería es incidir “en la fase de nacimiento del conflicto familiar y muy especialmente en la fase del conflicto previa a la aparición de signos de violencia, para lograr un descenso de los enfrentamientos y, en todo caso, poner a disposición de las familias métodos y vías de solución pacífica de los conflictos”.
“No es normal este nivel de denuncias sobreseídas y falsas” subraya Antonia Carrasco, presidenta de GenMad (Asociación de Víctimas de la Ley de Violencia de Género), en declaraciones a Actuall.
A juicio de Carrasco, el problema es que las denuncias falsas quedan impunes. El hombre tiene que demostrar su inocencia por todos los medios siendo expulsado de su casa y detenido como si viviera en una “república bananera”, y una vez demostrada la falsedad, se archiva el caso y no se toman medidas.
“Los jueces acaban hastiados de leer una denuncia falsa tras otra y pueden archivar mecánicamente una denuncia verdadera de una mujer que está sufriendo”, afirma Antonia Carrasco
“Nos parece gravísimo que la justicia de este país archive una causa cuando son conocedores de un delito”, dice Carrasco, y que esta situación “desacredita a las Fuerzas del Estado y a la justicia española”.
Por todo ello, la presidenta de GenMad advierte de la peligrosidad del exorbitado número de denuncias falsas.
Carrasco apunta que este estado de cosas puede ser contraproduente: “Los jueces acaban hastiados de leer una denuncia falsa tras otra y pueden archivar mecánicamente una denuncia verdadera de una mujer que está sufriendo”. Al final terminan pagando el pato tanto los hombres como las mujeres, lo cual invalida el sentido de una ley que supuestamente se basa en la igualdad.
“Es muy peligroso porque no se protege a hombres y mujeres inocentes”, concluye Carrasco.
Fuente: Actuall
Figura 1. Inauguración de Jornadas (izq-dcha Ruth Sarabia, Inmaculada Jiménez y Jose Francisco Berlanga)
